“Los registradores a la luz de la Constitución” es el título de un interesante artículo publicado en el especial de la revista Registradores conmemorativo de 40 años de Constitución.
Los registradores de la propiedad y mercantiles de España son, junto con los notarios, piezas fundamentales en la Administración pública del derecho privado. Se trata de una institución más que centenaria que la Constitución de 1978 elevó al rango constitucional haciéndola objeto en el artículo 149.1.8 de lo que se llama garantía institucional, un instrumento para proteger aquellas instituciones que sirven a valores constitucionales especialmente relevantes.
La garantía institucional se proyecta en 3 dimensiones: dirección, intensidad y temporalidad.
