La nueva ley hipotecaria presentada hace un año ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados con el fin de proteger a los consumidores en tres aspectos fundamentales: obligar a los bancos el pago de los gastos de formalización, abaratar la amortización y evitar desahucios.
Se prevé que entre en vigor en marzo de 2019, un mes después de su publicación en el BOE, con el fin de seguir la normativa europea 2014/17/UE y proteger a los clientes que soliciten hipotecas.
Sin embargo, algunas medidas claves que se reclamaban desde Bruselas no se han incluido en el texto definitivo y esto podría ser objeto de sanción.
